Urge un Convenio específico y de aplicación exclusiva para los/as abogados/as que prestan servicios en los bufetes

Han transcurrido casi 14 años desde la entrada en vigor del Real Decreto 1331/2006 [1]. Si, actualmente, los/as abogados/as que prestan servicios en despachos [2] de abogados (ya sean individuales o colectivos) no disponen de un convenio específico y de aplicación exclusiva es porque una de las partes, formada por los titulares de las firmas (pequeñas, medianas y grandes), no le interesa.

Mientras, la otra parte, compuesta por miles de abogados/as que prestan servicios en despachos y representada por varias entidades (especialmente, CEAJ y SAICO), está esperando sentada en la mesa de negociaciones desde hace tiempo.

En el tablero de juego, también tenemos la Abogacía Institucional (Consejo General de la Abogacía Española). Si partimos de la base de que esta Corporación representa y defiende los derechos e intereses del conjunto de abogados/as españoles/as, es inevitable que nos preguntemos lo siguiente: ¿La Abogacía Institucional debería asumir algún papel activo en esta negociación? En caso afirmativo, ¿qué rol debería desempeñar? ¿Ser un mediador entre ambas partes, o bien, ponerse al lado de los/as abogados/as que prestan servicios en las firmas al ser la parte débil de la contratación?

Un pasado muy presente

La precarización laboral de los/as abogados/as (especialmente, de los/as jóvenes) que prestan servicios en firmas no es un fenómeno nuevo. De hecho, cuando se visibilizó esta realidad en 2005, el autor de estas líneas aún no había alcanzado la mayoría de edad.

En aquel entonces, Inspección de Trabajo levantó actas a varios bufetes (¡algunos grandes!) por haber contratado a abogados/as de forma irregular (falsos autónomos). El problema fue de tal magnitud que el legislador español quiso poner fin a este fraude a la Seguridad Social.

De este modo, mediante la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005 [3], el legislador consideró la actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, como “relación laboral de carácter especial”. Asimismo, instó al Gobierno a que aprobara un Real Decreto para regular dichas relaciones laborales. Y así lo hizo: el RD 1331/2006.

Hay otra cuestión relevante. En este caso, me limitaré a decir que la citada disposición adicional de la Ley 22/2005 no gustó mucho a sindicatos ni a Inspección de Trabajo (y con razón, todo sea dicho). Me remito a la siguiente noticia: “La amnistía a los grandes bufetes de abogados llega al Defensor del Pueblo y puede acabar en el Constitucional” (El Confidencial, 17.02.06).

Alguien podría pensar que el problema de los abogados/as falsos autónomos quedó resuelto con la aprobación del citado real decreto. Nada más lejos de la realidad.

Como mucho, esta normativa contribuyó a que algunos grandes despachos dejaran de cometer fraude a la Seguridad Social en la contratación de abogados. No ha sido lo mismo con las firmas pequeñas y medianas.

En todo caso, y eso afecta a todos,  al no disponer de un convenio específico y de aplicación exclusiva, cuestiones tan fundamentales como la jornada y los horarios de trabajo, las retribuciones, la promoción profesional y económica, etc. de los abogados que prestan servicios en bufetes quedan concretadas únicamente en los contratos de trabajo.

Partiendo de esta circunstancia, pregunto: ¿consideran que el titular del despacho y el abogado-empleado (mayoritariamente, joven) tienen el mismo poder negocial a la hora de establecer las condiciones de trabajo? Exacto, yo tampoco lo creo. De ahí que sea necesario una negociación entre las dos partes.

Cabe destacar que el RD 1131/2006 menciona hasta en 23 ocasiones la expresión “convenio/s colectivo/s”. Pero no solo la menciona reiteradamente, sino que desde un buen principio deja muy claro cuál debe ser su tipología: “convenios colectivos específicos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados” (art. 2.b). Luego, la aplicación del Convenio de Oficinas y Despachos a los bufetes no es el que reconoce el RD 1131/2006.

Soy consciente de que los costes económicos de la laboralización de los abogados son muy elevados para un pequeño despacho, máxime cuando este país castiga a las pymes. Pero ello no debería justificar, en ningún caso, que un compañero/a se beneficie de otro/a. De lo contrario, el propio colectivo se hace un flaco favor.

¿A qué esperamos para empezar?


[1] Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

[2] A los efectos del presente artículo, utilizo los términos “despacho”, “bufete” y “firma” de forma indistinta.

[3] Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea

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