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Cuando el proyecto del “Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA)” solo era una página web a finales del año 2017, algunas personas me preguntaron: ¿por qué “salud mental”? Era como si esa expresión les chirriara sobremanera. Percibía una mezcla de incomodidad y sorpresa en la mayoría de sus miradas.

Lo cierto es que no me sorprendió aquella reacción. Era plenamente consciente del efecto que tendría en el sector legal, caracterizado por su rigidez y apariencia. Precisamente, por este motivo, pensé que sería una magnífica oportunidad que este instituto acuñara dicha expresión.

La Organización Mundial de la Salud define la “salud mental” como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

No entraremos a dilucidar cuál es el alcance de esta definición (y, probablemente, haya muchas otras), pero creo que podemos convenir en dos cosas: la primera es que todos los individuos “tenemos o gozamos” de una “buena/mejor” o “mala/peor” salud mental, atendiendo a determinados factores biológicos y ambientales. Esta categorización, aun siendo simple, admite una gradación. La segunda es que la salud mental está íntimamente relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos o problemas de salud mental, y la rehabilitación de las personas que los padecen.

Teniendo en cuenta esta explicación, considero que ya es hora de despojarnos de esa connotación negativa cuando pronunciamos las palabras “salud mental”. Y no solo porque carezca de fundamento, sino también porque todos, en mayor o menor medida, la tenemos o gozamos.

Tras el primer Estudio sobre la Salud y el Bienestar de la Abogacía Española (en adelante, el «Estudio»), una iniciativa pionera del ISMA y Lefebvre, podemos concluir que la mayoría de las abogadas y abogados que ejercen en España tiene una mala salud mental.

Algunos datos del Estudio no engañan: el 83,5% considera el estrés como un riesgo muy elevado y un 15,3% lo califica de elevado; el 82% preferiría cobrar menos y poder dedicar más tiempo a su familia o a su vida personal; un 14% compagina el ejercicio de la abogacía con otro trabajo, mayoritariamente por motivos económicos (54,3%); el 81% afirmó dormir un número de horas por debajo del que la National Sleep Foundation considera como óptimo (entre 7 y 9 horas, hasta los 65 años); y un 29,8% no volverían a ejercer de abogado/a si tuvieran la oportunidad de hacerlo.  

Durante los próximos meses, iremos ampliando el campo de investigación e introduciremos los matices de la abogacía anglosajona. Además, necesitamos tener una radiografía completa del sector con el fin de encontrar soluciones efectivas y ajustadas a cada una de las realidades.

Otra cosa no, pero el ejercicio de la abogacía es muy diverso. Pensemos, por ejemplo, en la variable del campo de juego. Hay profesionales que están en las trincheras día tras día, pleiteando con la parte contraria e interactuando con la autoridad judicial y el funcionariado de la Administración de Justicia. Otros, en cambio, desarrollan su tarea mayoritariamente fuera de los tribunales y se centran más en negociaciones.

Otra variable es el área de especialización. El/La abogado/a que lleva un asunto de divorcio vive los conflictos familiares de muy cerca y es difícil ―por no decir imposible― que no le afecte a nivel emocional. Lo mismo que uno/a que defienda los intereses de una familia que está a punto de ser desahuciada por no haber abonado las rentas a la entidad financiera. O a quienes defienden víctimas de violencia de género o violación.

Sin embargo, hay otros/as que no están expuestos (al menos, de una forma tan directa) al drama humano porque defienden intereses puramente económicos de grandes empresas. En estos casos, la afectación psicológica del profesional se debe principalmente a las exigencias y presiones de los clientes o al entorno laboral donde desarrolla su actividad.

Son tantos casos y hay tantas variables…Lo que es seguro es que todos ellos (incluyo también al resto de operadores jurídicos), en mayor o menor medida, quedan expuestos a unos factores estresores que merman su calidad de vida.

Y es ahí donde nosotros tenemos el deber de cuidarles. Porque sin ellos, no hay Justicia.