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Nota: Este artículo es una reproducción parcial del Trabajo de Fin de Máster (junio 2018) “L’internament involuntari i el tractament forçós a la llum de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat” (El internamiento involuntario y el tratamiento forzoso a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad). Se irá reproduciendo mensualmente este Trabajo de Fin de Máster y se incorporarán todas las actualizaciones que se estimen oportunas. La traducción del catalán al castellano ha sido efectuada por el propio autor.

2. El internamiento involuntario y el tratamiento forzoso en el modelo médico de la discapacidad

En el modelo médico de la discapacidad, ésta se identifica en el trastorno o enfermedad mental, sin tener en cuenta el entorno social (Porxas, 2015, p.81). Cabe destacar que este modelo trata a la persona con trastorno mental como un objeto que tiene que ser protegido por el Estado.

Por este motivo, los diferentes textos normativos anteriores a la CNUDPD restringen el ejercicio de determinados derechos de este colectivo. En relación con la aplicación de estas medidas involuntarias, las restricciones se producen claramente en el principio de autonomía de la voluntad y en el derecho a la libertad.

2.1. El Sistema de Naciones Unidas

Los Principios para la protección de los enfermos mentales y la mejora de la atención de la salud mental (12) permitían la aplicación del internamiento involuntario y del tratamiento forzoso. A pesar de que estos principios reconocían el trato humano y el respeto a la dignidad inherente de la persona humana (13), así como el derecho a la protección contra el maltrato físico y el trato degradante (14), se consideraba que la aplicación de estas medidas involuntarias no suponía una vulneración de derechos. Es más, como dichas medidas tenían como objetivo (i) proteger los derechos de las personas que padecían una enfermedad mental, o bien, (ii) de garantizar su mejora, la Asamblea General las excluyó del alcance de la discriminación por razón de enfermedad mental (15).

En cuanto a la aplicación del internamiento involuntario, el médico cualificado y autorizado por ley (16), además de determinar que la persona padecía una enfermedad mental, tenía que considerar si (i) aquella patología representaba un peligro para sí mismo o terceros; o bien, (ii) el hecho de no internarla podía comportar un deterioro de su salud (art. 16.1 Principios). Cabe destacar que los Principios ofrecían una regulación tanto del órgano de revisión (17) como de las garantías procesales que se necesitaban garantizar al paciente (18).

En cuanto al suministro del tratamiento forzoso, tenían que concurrir tres requisitos para que fuera conforme con los estándares internacionales de derechos humanos (Principio 11.6): en primer lugar, la persona tenía que ser internada involuntariamente; en segundo lugar, el paciente tenía que estar incapacitado para prestar o negar su consentimiento informado al plan de tratamiento propuesto; y, finalmente, la autoridad independiente tenía que comprobar que el plan de tratamiento propuesto era el más adecuado para atender las necesidades de salud del paciente.

2.2. Consejo de Europa

El art. 5.1.e del CEDH reconoce el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad. Sin embargo, el propio CEDH prevé una serie de supuestos en los que se puede practicar una detención a una persona. El apartado “e” hace referencia a la detención legal de personas enajenadas.

Article 5 of the Convention – Right to liberty and security

“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

(…)

(e) the lawful detention (…) of persons of unsound mind (…)”

Los primeros instrumentos normativos que se aprobaron en el marco del internamiento involuntario y el tratamiento forzoso fueron la Recomendación (83)2 del Comité de Ministros y la Recomendación 1235 (1994) de la Asamblea Parlamentaria.

El art. 1.2 de la Recomendación (83)2 del Comité de Ministros definió, por vez primera, lo que tenía que entenderse por internamiento involuntario: “the admission and detention for treatment of a person suffering from mental disorder (…) in a hospital, other medical establishment or appropriate place (…), the placement not being at his own request“.

Más tarde, la CEDHB aprobó una regulación en materia de consentimiento. Este tratado internacional establece, por regla general, que una intervención en el ámbito de la salud solo puede ser llevada a cabo después de que la persona haya dado su consentimiento libre e informado (art. 5).

El consentimiento está íntimamente relacionado con el derecho a la información del que dispone el paciente. Cabe poner de relieve que éste tiene que conocer el propósito y la naturaleza de la intervención, así como sus consecuencias y riesgos.

Sin embargo, se prevé una disposición específica para aquellos casos en los que la persona no sea capaz de otorgar su consentimiento (art. 6 CEDHB). Además, se contempla una regulación específica respecto a las personas who have a mental disorder. En este último colectivo, el consentimiento no deviene relevante porque se puede intervenir a una persona con trastorno mental, con independencia de si está o no de acuerdo.

Article 7 – Protection of persons who have a mental disorder

Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to his or her health.

Article 8 – Emergency situation

When because of an emergency situation the appropriate consent cannot be obtained, any medically necessary intervention may be carried out immediately for the benefit of the health of the individual concerned.

El Comité de Ministros aprobó la Recomendación (2004)10 con el fin de desarrollar el artículo 7 de la CEDHB. Dicha Recomendación establece los criterios y los procedimientos que deben tener lugar para aplicar un internamiento involuntario y un tratamiento forzoso a una persona con trastorno mental.

De acuerdo con el art. 17.1 de la Recomendación (2004)10, los criterios que tienen que concurrir para que se aplique un internamiento involuntario son los siguientes: (i) la existencia de un trastorno mental, (ii) la condición de la persona representa un riesgo importante de daño grave para su salud o para otras personas; (iii) existencia de un propósito terapéutico, (iv) no hay medios menos restrictivos de proporcionar atención adecuada; y (v) la opinión de la persona afectada se ha tenido en cuenta. Los mismos criterios deben concurrir en el caso del tratamiento forzoso, excepto el relativo a la existencia de un propósito terapéutico (art. 18).

En relación con el procedimiento que debe seguirse para aplicar ambas medidas involuntarias, los apartados 1 y 2 del art. 20 de la Recomendación (2004)10 establece que a la hora de tomar una decisión el tribunal o el órgano competente debe tener en cuenta la opinión de la persona afectada; y (ii) actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, la cual, tiene que garantizar que la persona afectada tenga audiencia y sea consultada.

En todo caso, en aquellos supuestos en los que se ha autorizado el internamiento por un tribunal o autoridad competente, la Recomendación (2004)10 admite que la legislación nacional autorice a un facultativo, con competencia y experiencia, la aplicación de un tratamiento involuntario a la persona afectada, una vez se haya examinado y se haya tenido en cuenta su opinión (art. 20.2).

Antes de tomar la decisión, un facultativo, con competencia y experiencia, tendría que examinar a la persona afectada de acuerdo con los estándares profesionales válidos y fiables (art. 20.4). Asimismo, tendría que consultar con las personas cercanas de la persona afectada, excepto que ésta se oponga, sea inpracticable de llevarlo a cabo o fuera inapropiado por cualquier razón (art. 20.5). En todo caso, cualquier representante de la persona afectada tendría que ser informada y consultada (art. 20.6 Recomendación).

NOTAS A PIE DE PÁGINA

[12] Resolution 46/119. The protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care, adopted by the General Assembly (75th plenary meeting) on 17 December 1991.

[13] Ibid. Principle 1.2: “All persons with a mental illness, or who are being treated as such persons, shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person”.

[14] Ibid. Principle 1.3: “All persons with a mental illness, or who are being treated as such persons, have the right to protection from economic, sexual and other forms of exploitation, physical or other abuse and degrading treatment”. 

[15] Ibid. Principle 1.4: “There shall be no discrimination on the grounds of mental illness. (…) Special measures solely to protect the rights, or secure the advancement, of persons with mental illness shall not be deemed to be discriminatory”. 

[16] De acuerdo con las definiciones de los Principios, el médico cualificado podía ser un doctor/a, psicólogo clínico, enfermero/a, trabajador/a social y cualquier otro profesional que tuviera una formación en salud mental.

[17] De acuerdo con el Principio 17.1, este órgano de revisión podía ser un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial, según lo que estableciera la legislación nacional. 

[18] Entre otras garantías procesales que se reconocen al paciente (Principio 18), se destacan las siguientes: (i) nombrar a un defensor; (ii) solicitar y presentar en audiencia un dictamen independiente sobre su salud mental, así como todas las pruebas que fueran pertinentes, (iii) obtener copias del expediente del paciente, excepto que fuera perjudicial para éste o terceros; (iv) asistir personalmente a la audiencia donde se tome la decisión de su internamiento, así como participar y ser escuchada; y (v) solicitar la presencia de una determinada persona siempre que no supusiera un perjuicio para el paciente o terceros.

Nota adicional: En aras de facilitar la lectura, se incluye en esta nota adicional la referencia del trabajo de Maria Àngels Porxas Roig lo podéis encontrar aquí: Porxas Roig, M. Àngels, El tractament legal del malalt mental en els instruments internacionals de drets humans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Premi de Recerca en Drets Humans, 6)