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Nota: Este artículo es una reproducción parcial del Trabajo de Fin de Máster (junio 2018) “L’internament involuntari i el tractament forçós a la llum de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat” (El internamiento involuntario y el tratamiento forzoso a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad). Se irá reproduciendo mensualmente este Trabajo de Fin de Máster y se incorporarán todas las actualizaciones que se estimen oportunas. La traducción del catalán al castellano ha sido efectuada por el propio autor.


 

Abstract (1)

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CNUDPD) ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad. En efecto, tras la firma y la ratificación de este tratado internacional, el modelo médico de la discapacidad (perspectiva asistencial) ha sido sustituido por un modelo social. Este último, basado en los derechos humanos, ya no concibe las personas con discapacidad como a objetos de derecho, sino como a sujetos de derecho.

Abstract

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (henceforth, UNCRPD) has meant a paradigm shift in the legal treatment of disability. Indeed, since the signing and ratification of this international treaty, the medical model of disability (healthcare perspective) has been replaced by a social model. The latter, based on human rights, no longer conceives people with disabilities as objects of law, but as subjects of law.

Title: The involuntary placement and the forced treatment in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Palabras clave: personas con trastorno mental, internamiento involuntario, tratamiento forzoso

Keywords: persons with mental disorder, involuntary placement, compulsory treatment


 

1. Introducción

Tras la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, ratificada por instrumento de 23 de noviembre de 2007 (BOE nº 96, de 21.4.2008) (en adelante, CNUDPD) [2]; y su Protocolo Facultativo (BOE nº 97, de 22.4.2008) (en adelante, PFCNUDPD)[3] , determinadas prácticas médicas[4] aplicadas a las personas con trastorno mental, como son el internamiento involuntario y el tratamiento forzoso (contención mecánica, aislamiento y medicación forzosa, entre otras), en los centros psiquiátricos y en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales se han convertido en medidas controvertidas desde la perspectiva de los derechos humanos.

Paralelamente, hay una cuestión que no es demasiado clara. Se trata de determinar el nombre del colectivo al cual van dirigidas estas medidas involuntarias:

a) En el ámbito del sistema de Naciones Unidas, mientras el artículo 1 de la CNUDPD utiliza la expresión persons with disabilities, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante, Comité de la CNUDPD) ya distingue entre persons with intellectual disabilities y persons with psychosocial disabilities en sus comentarios y observaciones.

b) En el ámbito del Consejo de Europa, el artículo 5.1.e del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, ratificado por instrumento de 26 de septiembre de 1970 (BOE nº 243, de 10.10.1979 (en adelante, CEDH) se refiere a persons of unsound mind. Más tarde, el artículo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ratificado por España por Instrumento de 23 de julio de 1999 (BOE nº 251, de 20.10.1999) (en adelante, CEDHB) utiliza la expresión persons who have a mental disorder.

En cuanto a las recomendaciones adoptadas por el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la terminología también ha ido variando con el paso del tiempo y no es uniforme:

En relación con el Comité de Ministros, se encuentran las expresiones (i) persons suffering mental disorder en la Recomendación Nº. R(83)2 [5]; (ii) persons with mental disorder en la Recomendación nº REC(2004)10 [6] ; y, recientemente, persons with disabilities.

Respecto a la Asamblea Parlamentaria, se utilizó la expresión persons suffering from personality disorders en la Recomendación 1235 (1994) [7] y, recientemente, persons with psychosocial disabilities en la Recomendación 2091 (2016) [8].

Asimismo, la distinción entre persons with intellectual disabilities y persons with psychosocial disabilities es utilizada también por las principales organizaciones no gubernamentales que participan, a pesar de los obstáculos, en los procesos de consulta pública: European Disability Forum, European Network of (ex-)Users and Survivors of Psychiatry, Autism Europe, Inclusion Europe, Mental Health Europe y la International Disability Alliance.

c) En el ámbito español, el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE nº 289, de 3.12.2013) (en adelante, RDL 1/2013) hace referencia a las “personas con discapacidad”.

Aunque el autor es partidario de utilizar el término persons with mental problems a la hora de referirse al colectivo que se les aplica estas medidas involuntarias, al ser menos estigmatizante, en este trabajo de investigación se utiliza la terminología que utiliza últimamente el Comité de Bioética del Consejo de Europa: persons with mental disorder.

Ante este cambio de paradigma provocado por la CNUDPD, el internamiento involuntario y el tratamiento forzoso fueron medidas aceptadas mayoritariamente atendiendo a la finalidad última de éstas: proteger a la persona con trastorno mental y a la comunidad. Es, por eso, que una breve evolución de la normativa internacional y europea es necesaria para apreciar cuáles han sido las diferencias más sustanciales.

Teniendo en cuenta que no hay una posición común a nivel internacional (Gurbal, Martin, 2018, p. 3) [9] ni europeo sobre si estas medidas involuntarias son o no compatibles con los actuales estándares de derechos humanos, es fundamental identificar en segundo lugar cuáles son las distintas corrientes de pensamiento.

En el ámbito del Consejo de Europa, la problemática ha adquirido más eco después de que el Comité de Bioética, con el apoyo del Comité de Ministros, acordó la aprobación de un protocolo adicional al CEDHB con el fin de establecer los criterios y los procedimientos de internamiento involuntario y el tratamiento forzoso [10]. Esta actuación, sin embargo, ya ha sido rechazada por la propia Asamblea Parlamentaria, entre otros órganos.

En el caso español, la aplicación de estas medidas involuntarias es reconocida tanto por la legislación como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Comité de la CNUDPD ha recomendado en diversas ocasiones la modificación de la legislación nacional vigente a las autoridades españolas con el fin de adaptarse a los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, se trata de dar respuesta razonada a las siguientes cuestiones [11]:

a) ¿El internamiento involuntario y el tratamiento forzoso son medidas compatibles con los actuales estándares internacionales de derechos humanos?

b) ¿Cuál ha de ser la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional ante esta problemática teniendo en cuenta que el legislador pretende regular (europeo) o mantener (español) la aplicación del internamiento involuntario y el tratamiento forzoso?


NOTAS A PIE DE PÁGINA

[1] El autor de este Trabajo de Fin de Máster ha podido constatar que las estructuras rígidas de su Trastorno Obsesivo Compulsivo continúan siendo obstáculos relevantes para la realización efectiva de una tarea de investigación. Este trabajo no hace justicia de las centenares de horas dedicadas a la lectura y estudio de esta materia.

Precisamente, por este motivo, me gustaría dedicar en primer lugar este trabajo a mis compañeros y compañeras de la Asociación TOC 2.0 de Barcelona, de la cual tengo el honor de ser el asesor jurídico. Todos ellos demuestran una fortaleza y valentía digna de admiración.

Asimismo, esta dedicatoria se hace extensible a Aida Torres Pérez, mi tutora del trabajo. A pesar de haber tenido dificultades para estructurar el trabajo, ella siempre me ha dado los refuerzos positivos para que no abandonara durante el trayecto. También a Tomás Gabriel García Micó, mi mejor amigo y compañero de proyecto (Instituto de Salud Mental de la Abogacía); Marta Beatriz Luque Llaosa y Manuel Atserias Gracia, por haber confiado en mí; a Menna Jarque Margenat, el hermano que nunca he podido tener; a Beatriz Pérez Rodríguez y a Laia Carpena Pinilla, mis dos mejores amigas. Finalmente, a pesar de que ya no esté entre nosotros, también quiero dedicar este trabajo a Rosa Subirachs, una mujer admirable y fuerte. Allí donde estés, siempre te llevaré en mi corazón.

[2] De acuerdo con el artículo 45.1 de la CNUDPD, la entrada en vigor de este tratado internacional en España fue el 3 de mayo de 2008.

[3] De acuerdo con el artículo 13.1 del PFCNUDPD, la entrada en vigor de este tratado internacional en Espña fue el 3 de mayo de 2008.

[4] Este trabajo de investigación solo analiza el internamiento involuntario civil. Asimismo, también se excluye esta medida involuntaria cuando se aplica a menores y a personas con enfermedades que puedan afectar la capacidad cognitiva.

[5] Recommendation No.Rec(83)2 concerning the legal protection of persons suffering from mental disorder placed as involuntary patients, adopted by the Committee of Ministers on 22 February 1983 at the 356th meeting of the Ministers’ Deputies.

[6] Recommendation No. REC(2004)10 concerning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder and its Explanatory Memorandum, adopted by the Committee of Ministers on 22 September 2004 at the 896th meeting of the Ministers’ Deputies.

[7] Recommendation 1235 (1994) regarding psychiatry and human rights, adopted by the Parliamentary Assembly on 12 April 1994 at 10th Sitting.

[8] Recommendation 2091 (2016) regarding the case against a Council of Europe legal instrument on involuntary measures in psychiatry, adopted by the Parliamentary Assembly on 22 April 2016 at 18th Sitting.

[9] GURBAI,MARTIN(2018, p.3): “There is no unified UN position on the question of whether involuntary placement and treatment can be lawful under UN human rights standards; different positions have been taken in different reports”.

[10] DH-BIO/INF (2015) 7: Working document concerning the protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment.

[11]  Estas cuestiones están íntimamente relacionadas con el ámbito de análisis preferido del autor: la interpretación judicial. Atendiendo a su filosofía jurídica (originalismo de Antonin Scalia), la dificultad para justificar la incompatibilidad del internamiento involuntario y el tratamiento forzoso con el art. 5.1.e del CEDH ha sido notable. En este sentido, el autor parte de una premisa, la cual, queda reflejada en su trabajo “Why do I defend the resistance theory?” (ATSERIAS, 2017):  

“As a judge, I could not distort the original meaning of the law. If I did not agree with the legal text, I would rather be a lawmaker to change it. Therefore, in my opinion, if someone wants to be a good judge, he or she will always defend originalism and textualism to resolve any legal dispute. Otherwise, this judge will undermine the principle of separation of powers, and accordingly, the democratic government will be at stake.

Some lawyers assert that constitutions evolve over time. In the US, some judges of the Supreme Court consider that their constitutional text must comport with «the evolving standards of decency that mark the progress of a maturing society». In Europe, the European Court of Human Rights establishes that the European Convention on Human Rights «is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions». Well, I cannot support this legal reasoning. Any constitution or international instrument has its amendment process. It is the only legal mechanism that respects democratic government. For this reason, when some judges try to identify these ‘evolving standards’ or ‘present-day conditions’, I ask myself: Why do judges must determine this evolution? That is not democratic, but rather a sort of imposition.”